Por Manuel Alberto Leyva Estupiñán*.

Este 10 de diciembre celebramos un aniversario más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la ONU un día como hoy del año 1948 en su Resolución 217 A (III), que ha sido traducida a más de 500 idiomas. Nuestro país fue una de las naciones firmantes de la declaración original representada en aquel momento por Guy Pérez-Cisneros Bonnel, graduado de periodismo y Doctor en Filosofía y Letras y Derecho Diplomático.

Lamentablemente el tema de los derechos humanos, también llamados fundamentales o en otros escenarios como constitucionales, ha sido incorporado a la guerra simbólica que se nos hace. La contrarrevolución se ha apropiado no solo de imágenes, colores y símbolos asociados al progreso, la libertad y la justicia, también de conceptos y términos que pertenecen al movimiento revolucionario mundial. Los derechos que hoy se utilizan para cuestionar a los proyectos políticos y económicos alternativos al gran capital, le fueron arrancados a éste mediante largas luchas y enconados enfrentamientos. Ningún derecho fue otorgado a los ciudadanos como acto de bondad o filantropía, fueron arrancados, conquistados por los trabajadores.

En el plano teórico los Derechos Humanos se han ido clasificando por generaciones, comenzando con los derechos humanos de primera generación; los civiles y políticos de naturaleza individual. Entre estos pueden citarse el derecho a la vida, el derecho a la libertad ideológica y religiosa, el derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad y al voto entre otros.  Como característica su surgimiento se enmarca a partir de la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y la Revolución francesa, de esta última la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano fue el documento más importante del periodo.

No obstante ya desde la Carta Magna de Juan Sin Tierra en 1215 y posteriormente el Bill of Rights se recogían un grupo de garantías y derechos, que podrían considerarse como antecedentes de la actual Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Una segunda generación de derechos económicos, sociales y culturales que empezaron a reconocerse durante los siglos XIX y XX  entre los que se encuentran   el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, etc. Y por último tenemos los derechos de tercera generación entre los que pueden citarse el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente limpio que todos podamos disfrutar. También se han ido incorporando derechos de otras generaciones como el derecho a la información, al espacio radioeléctrico entre otros.

Los Derechos Humanos son considerados universales, indivisibles, irrenunciables e inalienables y han sido objeto constante de manipulación política desde los centros de poder hegemónicos. Se ha tratado de privilegiar los derechos individuales por encima de los derechos colectivos, como mecanismo de cuestionamiento a países con sistemas políticos alternativos al capitalismo. No puede hablarse de Derechos Humanos sin el acceso al agua, los alimentos, la salud,  la seguridad ciudadana o la educación. La violación de los Derechos Humanos se encuentra penada en el país en el Código Penal vigente en el Título ”Delitos contra los derechos individuales” y en otros artículos en que se protegen los más diversos derechos, desde el derecho a la vida mediante fuertes sanciones en delitos como el Homicidio o el Asesinato hasta el derecho a un Medio Ambiente sano en los delitos contra la seguridad colectiva.

Nuestro país ha ratificado 44 de los 61 convenios del Consejo de Derechos Humanos, lo que lo ubica dentro de los 50 países con mayor cantidad de instrumentos jurídicos internacionales relacionados con esta materia. La Constitución del 2019 incluyó un amplio catálogo de derechos, a partir de los convenios firmados y la propia obra revolucionaria. Todos los derechos, bajo el prisma de garantizar, conforme al artículo 40, la dignidad humana como valor supremo de todo el ordenamiento jurídico y legal del país.

Es importante destacar que nada vale con tener recogidos en un texto constitucional un número considerable de derechos si estos no son desarrollados posteriormente por otras leyes y normas complementarias. Si no son garantizados en el plano legal o material, se queda en simples declaraciones sin valor real para la sociedad. Pongamos por ejemplo el derecho a la salud reconocido en el artículo 72 de nuestra Constitución.

No basta con tener garantías legales o jurídicas a este derecho como podría ser la Ley de Salud Pública, también son necesarias garantías materiales al derecho. Cuba cuenta con 381 áreas de salud con cobertura completa con el programa del médico de la familia, los que superan la cifra de 28,000 médicos, distribuidos en todo el país. Más del 99,1 % de la población cubana está cubierta con un médico y enfermera de la familia y se espera alcanzar el 100% en los próximos años, lo que ha permitido tener a nuestros niños vacunados contra 13 enfermedades, una esperanza de vida al nacer superior a 78 años, un médico por cada 116 habitantes y un estomatólogo por cada 556 por citar algunas cifras.

Se ha incrementado a 148 los Hogares de ancianos, con una dotación de 11 mil 771 camas. También se han incrementado las Casas de abuelos para totalizar 276, con 9 mil 338 capacidades. En 2015, Cuba fue el primer país del mundo en recibir la certificación de la Organización Mundial de la Salud por haber eliminado la transmisión de madre a hijo del VIH y la Sífilis. Solo la completa garantía del derecho lo hace realizable y significativo para el ciudadano.

Si antes de 1959 el 23,6 de los mayores de 15 años en el país eran analfabetos en la actualidad el grado de escolaridad promedio de la población cubana mayor de 25 años asciende a 11,5 años, con más de 1 millón de graduados universitarios. La tasa neta de matrículas de nivel primario es 99,0 y la bruta 104,8. En secundaria básica es de 90,0 y 97,5, respectivamente. En la enseñanza secundaria, la tasa neta y bruta es de 83,3 y 97,6 respectivamente. Se dispone de 365 escuelas para la enseñanza especial, con una matrícula de 37 mil 025 niñas, niños y adolescentes.

Aun cuando se encuentra vigente en el Código Penal la sanción de muerte como sanción para los delitos más graves, desde hace ya alrededor de 17 años no se ejecuta esta sanción en el país. El 28 de abril del 2008 Cuba informó ante el Consejo Mundial de Derechos Humanos que en el país no existía ningún sancionado a muerte. A los sancionados a esta pena les fue conmutada y sustituida por sanciones inferiores como 30 años de privación de libertad a los que habían cometido delitos anteriores a 1999 o privación perpetua de libertad para los sancionados con posterioridad a esta fecha.

Lo anterior obedece al principio de irretroactividad relativa de la norma penal, que establece que se aplica la ley que está vigente cuando se comete un delito, salvo que posteriormente sea promulgada una norma más favorable al reo. En el año 1999 se incorpora mediante la Ley 87 la sanción de Privación Perpetua de Libertad para un grupo de delitos graves y también como sanción alternativa en aquellos que prevén la muerte como sanción principal.

En materia de libertad religiosa es visible el crecimiento de las iglesias en nuestros barrios y comunidades. En el país más de 400 denominaciones religiosas se encuentran registradas en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia, garantizando la libertad de cada individuo de profesar una religión o no hacerlo.

El debate y la participación de los jóvenes en la vida política del país ha sido una constante. El 8,5 % de los miembros del parlamento cubano (52) son jóvenes menores de 35 años de edad, con representatividad de estudiantes y jóvenes trabajadores de diversos sectores de la sociedad. Existen alrededor de 678 delegados de circunscripción y miembros de estructuras territoriales de gobierno que son jóvenes.

En las elecciones municipales de 2015, el 15% de los 12 mil 589 delegados electos son jóvenes de edades comprendidas entre 16 y 30 años. Todos los cargos de elección popular pueden ser revocados por las mismas personas que los eligieron en cualquier momento del mandato. En la última sesión de nuestro parlamento fue aprobada la nueva Ley de revocación de los elegidos a los Órganos del Poder Popular mediante la cual se detallan los procedimientos para revocar desde los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, Diputados, Gobernadores hasta el propio Presidente de la República.

En materia de derechos sindicales y de los trabajadores vale destacarse el derecho de todo joven no solo al estudio, sino también al trabajo. Todo joven que se gradúa tiene garantizada una plaza laboral. En el país existen 16 sindicatos nacionales en los que se encuentran afiliados 3 270 000 trabajadores de los cuales en el sector no estatal están afiliados 287 mil 481.

En materia del derecho a la información un total de 4 millones 529 mil usuarios tienen  servicios de Internet y el texto constitucional también reconoció por primera vez en el país en el artículo 97 el derecho de las personas a acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación.

Las mujeres representan el 60,5% de los graduados de la educación superior. Son mujeres el 67,2% de los técnicos y profesionales en todo el país. Constituyen el 49% de la fuerza laboral en el sector estatal civil; de las empleadas más del 80% tienen nivel medio y superior. Son el 48,6% de los dirigentes, el 81,9% de los profesores, maestros y científicos, el 80% de los fiscales, Presidentes de Tribunales Provinciales, jueces profesionales y de la fuerza laboral en los sectores de la salud y la educación. En el sistema de las Ciencias, la Innovación y la Tecnología, son el 53,5% y más del 64,2% del personal que presta servicios de colaboración en varios países del mundo. Nuestras mujeres ocupan el 48,86% de los escaños parlamentarios, lo que nos convierte en la cuarta nación del mundo con mayor proporción. .Son presidentas de Gobierno en 10 de las 15 provincias cubanas. Actualmente, 14 mujeres son miembros del Consejo de Estado, lo que representa un 45 ,16% de sus integrantes. De los 5 vicepresidentes del Consejo de Estado, 2 son mujeres.

El índice de desarrollo humano (IDH) en Cuba en 2017 fue 0,777 puntos, que puede ser considerado alto. Cuba se encuentra en el puesto 73 del ranking de desarrollo humano (IDH) de un total de 189 países donde además de criterios económicos se valoran indicadores sociales tales como cero analfabetismo,

En materia de seguridad ciudadana nuestro país es el tercero más seguro del continente con una tasa inferior a 5 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para establecer criterios de comparación, en un número significativo de ciudades de centro y Suramérica la tasa es superior a 100 homicidios por cada 100 mil habitantes. En mi modesta opinión, la seguridad ciudadana es una de las mayores conquistas de la Revolución, no suficientemente valorada cuando hablamos de derechos humanos. Esta seguridad solo es posible a partir de una política social y criminal coherente, humanista y contar con una fuerza policial comprometida con la comunidad y no su enemiga, como sucede en otros lares.

La reciente elección de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 170 votos es una muestra del reconocimiento internacional alcanzado en materia de Derechos Humanos, no obstante las maniobras y fuertes presiones desde los EEUU para impedirlo.

A modo de idea final, Cuba tiene una hermosa obra que mostrar en materia de Derechos Humanos y argumentos suficientes para debatir en cualquier escenario sobre el respeto a los mismos en la tierra de Martí.

Manuel Alberto Leyva Estupiñán es Profesor de Derecho Penal y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad  de Holguín. Juez Profesional Suplente del Tribunal Provincial Popular. Vicepresidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba en la provincia. Delegado a la AMPP